La libertad de empresa en una economía de mercado está reconocida en el art. 38 CE, que garantiza su ejercicio dentro del respeto a la economía general. Este derecho fundamental de configuración legal implica que los poderes públicos pueden regular la actividad económica por razones de interés general, pero respetando el contenido esencial de la libertad de iniciativa y normalmente mediante ley formal (o regulación con base legal clara). En el sector del juego online, los operadores cuentan con licencias otorgadas por el Estado y están sometidos a intensas obligaciones regulatorias – lo cual es legítimo dado el interés público en prevenir fraudes, proteger a los consumidores y a los colectivos vulnerables. Sin embargo, incluso en sectores regulados, la Administración no puede imponer condiciones que no tengan respaldo normativo suficiente o que vacíen la capacidad de gestión empresarial más allá de lo razonable.

El principio de igualdad ante la ley (art. 14 CE) obliga a que las normas y su aplicación no establezcan diferencias de trato arbitrarias o injustificadas entre personas en situaciones equivalentes. En este caso, la intención declarada de la DGOJ es precisamente fomentar la igualdad material en la protección de los jugadores: que un jugador con patrón adictivo sea detectado y atendido igual, ya juegue en la plataforma A o en la B. Se busca evitar la disparidad actual, donde un jugador podría pasar inadvertido en un operador permisivo pero sería marcado en otro más estricto, generando desigualdad en la tutela de su bienestar. Desde esa perspectiva, la medida tiene un propósito igualitario legítimo (un “mismo rasero” para todos los participantes del mercado del juego).