La reflexión de Carlos Lalanda es acertada en un punto: la suplantación de jugadores es un problema de orden público. Pero la cuestión no termina ahí. Lo que está fallando no es únicamente la actuación del defraudador, sino un ecosistema regulatorio lleno de agujeros, donde la propia Administración ha construido un sistema que permite —y en ciertos casos incentiva— este tipo de situaciones. El discurso oficial habla de “detección temprana” y “herramientas avanzadas de IA”. Sin embargo, la realidad operativa muestra que esa inteligencia artificial solo funciona en una dirección: proteger el modelo de negocio, jamás al jugador.

Un aspecto que merece especial atención crítica es el relativo a las garantías y derechos de los jugadores que resulten afectados por este sistema de detección automatizada. El artículo 24 CE proclama el derecho fundamental de todas las personas a la tutela efectiva de jueces y tribunales, sin indefensión. Si bien este precepto se refiere principalmente al ámbito judicial, su esencia – evitar la indefensión y asegurar el derecho de defensa – impregna también el actuar administrativo. Cuando la Administración adopta decisiones que afectan a los derechos o intereses de un ciudadano, debe ofrecerle posibilidad de alegar y defenderse, ya sea antes de la decisión (tramitar audiencia) o después mediante recursos.