La libertad de empresa en una economía de mercado está reconocida en el art. 38 CE, que garantiza su ejercicio dentro del respeto a la economía general. Este derecho fundamental de configuración legal implica que los poderes públicos pueden regular la actividad económica por razones de interés general, pero respetando el contenido esencial de la libertad de iniciativa y normalmente mediante ley formal (o regulación con base legal clara). En el sector del juego online, los operadores cuentan con licencias otorgadas por el Estado y están sometidos a intensas obligaciones regulatorias – lo cual es legítimo dado el interés público en prevenir fraudes, proteger a los consumidores y a los colectivos vulnerables. Sin embargo, incluso en sectores regulados, la Administración no puede imponer condiciones que no tengan respaldo normativo suficiente o que vacíen la capacidad de gestión empresarial más allá de lo razonable.