Base normativa y jerarquía: ¿una resolución con rango de reglamento?

En el Derecho público español rigen dos principios esenciales:

• Jerarquía normativa: cada norma debe respetar el rango superior.

• Reserva de ley: ciertas materias solo pueden regularse mediante ley formal.

El RD 176/2023 habilita a la DGOJ a dictar una resolución.
Pero si esa resolución impone obligaciones generales y restrictivas, podría exceder el marco técnico para convertirse en un auténtico reglamento encubierto.

La Constitución Española (art. 9.3) prohíbe la arbitrariedad de los poderes públicos, lo que abre la puerta a discutir su validez jurídica.

Reglamentos encubiertos: un riesgo real

La resolución obligaría a todos los operadores online a usar un algoritmo único de la DGOJ, lo que en la práctica equivale a un reglamento general.

Diferencia clave:

• Un Real Decreto u Orden Ministerial exige trámites reforzados (dictamen del Consejo de Estado, aprobación ministerial…).

• Una resolución emana directamente del Director General de la DGOJ, sin esos filtros.

El Tribunal Constitucional ya ha advertido contra los llamados “reglamentos encubiertos”, que introducen normas nuevas bajo la apariencia de desarrollo, contraviniendo principio de legalidad y reserva de reglamento.

Extralimitación competencial de la DGOJ

Ni la Ley 13/2011 ni el RD 176/2023 definen de forma concreta el “mecanismo de detección”.
Esto abre la puerta a que la DGOJ legisle de facto mediante resolución, incurriendo en extralimitación competencial.

Además, el proyecto fue notificado a la Comisión Europea bajo la Directiva (UE) 2015/1535, lo que demuestra que estamos ante una norma técnica de alcance general.

La paradoja: lo que busca seguridad jurídica y uniformidad, podría acabar incurriendo en un vicio de forma o competencia contrario al art. 9.3 CE.

Impacto en derechos fundamentales

El algoritmo no solo plantea dudas técnicas, también puede afectar a derechos fundamentales:

• Protección de datos y privacidad (art. 18 CE).

• Igualdad ante la ley (art. 14 CE).

• Tutela judicial efectiva (art. 24 CE).

Por el art. 53.1 CE, solo una ley formal —y en su caso orgánica— debería fijar los límites y garantías de un sistema que toma decisiones automatizadas sobre los usuarios.

Hoy, esos aspectos (qué datos se usan, cómo se aplican, qué recursos tiene el jugador) no están definidos en la ley, sino en un desarrollo reglamentario abierto.

Seguridad jurídica y regulación en cascada

El modelo de cascada (ley → reglamento → resolución) genera inseguridad jurídica.
El art. 9.3 CE exige certeza y previsibilidad, pero la técnica empleada plantea dudas:

• Se utiliza una resolución administrativa.

• Se regula como si fuera un reglamento con efectos generales.

Esa tensión entre forma y sustancia podría acabar comprometiendo la validez del instrumento legal.

Conclusión: un mecanismo de riesgo… también legal

El algoritmo de la DGOJ nace con la intención de proteger al jugador online.
Sin embargo, la forma jurídica escogida (resolución) abre dudas sobre su validez, jerarquía normativa y compatibilidad con derechos fundamentales.

En definitiva: el riesgo no solo está en el juego, también en la seguridad jurídica del propio sistema.

FAQ sobre el mecanismo de la DGOJ

¿Qué es el mecanismo de detección de riesgos?
Un sistema único de algoritmos y protocolos para identificar comportamientos de riesgo en apuestas online.

¿Por qué se cuestiona la resolución de la DGOJ?
Porque impone obligaciones generales sin rango de reglamento, lo que podría ser un fraude de ley.

¿Qué derechos puede afectar?
Privacidad, igualdad y tutela judicial, reforzando la necesidad de que lo regule una ley formal.

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